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Newsletter: Diario Médico 08-10-2019
Archivado: octubre 8, 2019, 7:48am UTC por Cristina G. Real
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La iniciativa ‘AdvantAge’ pide un diagnóstico precoz de la fragilidad
Archivado: octubre 7, 2019, 10:00pm UTC por Rosalía Sierra
La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en las personas mayores.
El principal riesgo para ese bienestar es la fragilidad, síndrome asociado al envejecimiento que afecta a diferentes sistemas y aumenta el riesgo de la persona mayor de desarrollar discapacidad, dependencia, institucionalización, caídas, hospitalizaciones e incluso la muerte. Por ello, “aunque es preciso un abordaje global, prevenir la fragilidad es la mejor manera de evitar la discapacidad y patologías crónicas”, explica a Diario Médico Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).
En busca de ese enfoque preventivo surgió hace casi tres años AdvantAge, acción conjunta de la Unión Europea “que trata de abordar un problema importante para la población. Veintiún Estados miembros se mostraron interesados, y 43 instituciones de esos países están participando”. En el caso de España, tanto el Ministerio de Sanidad como varias comunidades autónomas están directamente implicadas.
Leocadio Rodríguez Mañas.
Rodríguez Mañas lo relata en calidad de coordinador del proyecto, que tuvo la pasada semana una de sus reuniones finales en Sevilla. “Durante el primer año se buscó dibujar el estado del arte, es decir, revisar la evidencia científica, analizar la prevalencia, la incidencia, los protocolos de diagnóstico, cribado y tratamiento, las medidas tomadas en salud pública, la formación de los profesionales y los posibles agujeros de conocimiento”.
Con esta información, la segunda oleada del proyecto buscó analizar cada uno de los aspectos estudiados en los distintos países participantes mediante un cuestionario, y dibujar un mapa de situación. “Vimos que algunos Estados están muy desarrollados en este aspecto, mientras que, en otros, el desarrollo es incipiente”.
Frente a esta situación, el tercer año de trabajo: “Estamos confeccionando un documento, Fragility Prevention Approach (aproximación a la prevención de la fragilidad) que recoge recomendaciones a los países para mejorar ese primer aspecto de la prevención”.
Aunque la versión definitiva del documento no se presentará hasta el 27 de noviembre en Bruselas, ya se ha visto en Sevilla un texto bastante avanzado. Así, las recomendaciones se centran en diez áreas:
- Crear conciencia sobre la fragilidad en la población general, involucrar a todos los interesados en envejecimiento y empoderar a las personas mayores a ser parte activa del cambio necesario.
- Lograr el compromiso político para el abordaje de la fragilidad.
- Promover el envejecimiento saludable y prevenir la fragilidad.
- Diagnosticar precozmente la fragilidad.
- Tratar y manejar de manera adecuada la fragilidad.
- Establecer y mejorar de manera continua la atención a las personas frágiles mediante un sistema integrado que garantice la atención continua.
- Promover la educación y formación de todos los profesionales.
- Favorecer la investigación en fragilidad.
- Apoyar el abordaje de la fragilidad con fondos propios y mediante el uso de nuevas tecnologías.
- Monitorizar la implantación y evaluar la rentabilidad del cambio.
Este decálogo de recomendaciones se basa, según se puso de manifiesto en Sevilla, en la necesidad de que a todos los mayores de 70 años se les realice un diagnóstico precoz de fragilidad.
Alto costeY es que los pacientes frágiles, aunque representan el 10% del total de las personas mayores, gastan el 40% de los recursos. Según un estudio reciente, el coste durante tres meses de tratar a un paciente mayor sin fragilidad es de 642 euros, mientras que el gasto se quintuplica al tratar la fragilidad ya avanzada, con la presencia de 4 o 5 síntomas, ascendiendo hasta los 3.659 euros.
Además de ese diagnóstico precoz, los expertos de la iniciativa recomiendan realizar una valoración multidimensional o valoración geriátrica integral (VGI), evaluación que “solo es realizada en algunos centros sanitarios españoles, a pesar de que debería efectuarse en todos los lugares donde son atendidas personas mayores, desde hospitales hasta centros de salud y residencias”, explica Cristina Alonso, coordinadora adjunta de AdvantAge.
La buena noticia, según las conclusiones del proyecto, es que la fragilidad, si se diagnostica, puede ser frenada o incluso revertida. Para eso, “es importante indicar un tratamiento individualizado que tenga en cuenta el manejo de los eventos agudos y las enfermedades crónicas centrados en la capacidad funcional, así como la prescripción de ejercicio físico y una nutrición adecuada”. En el caso de los pacientes polimedicados, es necesario, además, “un especial control para intentar evitar los efectos secundarios y las interacciones”, añade Alonso.
Por último, los expertos reclaman más recursos financieros, tanto públicos como privados, en investigación sobre las causas de la fragilidad, su detección y diagnóstico, “acordes con la prioridad de salud que supone”.
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Assumpta Escarp: “La sanidad catalana está aislada del resto del SNS”
Archivado: octubre 7, 2019, 10:00pm UTC por carmenfernandez
“La consejera de Salud, Alba Vergés, no va nunca a las reuniones del Consejo Interterritorial delSistema Nacional de Salud (SNS) y, si envía a alguien, no son ni directores generales. Nos ha aislado de todo en general (…). Es un problema grave. Por ejemplo, le he preguntado varias veces por la posición del Govern (gobierno catalán) en lo tocante al plan sobre los medicamentos CAR y no me ha contestado”. Lo dice Assumpta Escarp, diputada portavoz de Salud del Grupo Parlamentario Socialistas (PSC)y Unidos para Avanzar (partido promovido por antiguos cargos de la extinta Unió Democràtica de Catalunya-UDC, de la fenecida coalición CiU) en el Parlamento autonómico y política de larga trayectoria en Cataluña que actualmente es la que más destaca en la oposición en lo que respecta a este sector, aunque su coalición es la cuarta por número de diputados.
Considera Escarp que con los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra, de Junts per Catalunya -coalición electoral entre el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC, de la ex CiU)-, la sanidad ha sufrido un retroceso que ya percibe la población: “Lo demuestra que la doble cobertura ha aumentado del tradicional 24% en la comunidad al 33%, y sigue subiendo”.
Explica que actualmente el sistema sanitario catalán ofrece respuesta en el caso de pacientes graves, con cáncer o que entran en los códigos infarto e ictus, pero, superada la fase aguda, “el seguimiento ha empeorado, y el sistema sigue sin adaptarse a las necesidades de los enfermos crónicos y frágiles”.
¿Es un problema de financiación? Escarp aporta estos datos: los últimos presupuesto son los de 2017, en los que la partida para Salud fue de 9.600 millones de euros. En 2018, con el presupuesto prorrogado y aún pendiente de cierre, el gasto podría haber llegado a 10.400 millones de euros, la misma cifra que se baraja para el cierre de 2019. Para valorar si 10.400 millones de gasto (sumando Departamento de Salud, Servicio Catalán de la Salud-CatSalut e Instituto Catalán de la Salud-ICS) es mucho o poco, hay que tener en cuenta que el pico máximo de gasto antes de los recortes por la crisis se registró en 2010, siendo consejera de Salud la entonces también socialista Marina Geli: 10.688,1 millones de euros.
Sin reversión de recortesCataluña sigue así a la cola de las autonomías en la reversión de los recortes -aplicados por el Gobierno de Artur Mas (CiU) a partir del 2011- y la masa salarial de los facultativos y enfermeras del año 2010 sigue siendo superior a la actual, apunta la diputada.
Las listas de espera se mantienen asimismo disparadas, “sin ningún tipo de medida para revertir la situación”, destaca Escarp. El Govern se comprometió en sede parlamentaria a hacer un decreto-ley específico, pero sigue sin hacerlo. “En los inicios del Gobierno de Torra las listas de espera para cirugía estaban en descenso, pero durante sus primeros meses las listas ya aumentaron un 10 por ciento”, añade. En diciembre de 2018 había 170.418 personas en espera para una intervención quirúrgica (aumento del 4,03 % respecto a diciembre de 2017) y 106.554 personas para una prueba diagnóstica (aumento del 1,2%), precisa la diputada.
Tampoco destaca Cataluña por el nivel de gasto necesario para reponer alta tecnología obsoleta; Escarp afirma que “en estos momentos el tratamiento oncológico es mejor en la privada que en la pública. La inversión que se ha hecho en Radiología es la que ha aportado Amancio Ortega o los acuerdos puntuales de grandes hospitales con la industria”. El problema de la falta de mantenimiento y redimensionamiento de las infraestructuras también crece sin freno, en su opinión.
“No hay una administración que haga política sanitaria en Cataluña; la consejera va poniendo parches”, asegura.
La comunidad, que años atrás hizo de punta de lanza del SNS gracias a su particular modelo sanitario y la inquietud de sus políticos, sus gestores y sus profesionales, no está reaccionando hoy con agilidad ante las necesidades cambiantes de su población, especialmente envejecida, comparte la portavoz parlamentaria de Salud del PSC. Y otro punto negro: “Empiezan a faltar profesionales porque aquí están muy mal tratados. Los jóvenes, si pueden, se van. Cuando acaban el MIR sólo el 50 por ciento se quedan en la atención primaria del ICS, y eso quiere decir algo. Estamos viendo contratos de lunes a viernes, de uno a tres meses… Sin plazas estructurales, se van”.
Foro de la ProfesiónLa consejera creó el Foro de la Profesión, que podría presentar conclusiones el mes que viene (noviembre), pero Escarp es pesimista: “Ya veremos qué conclusiones; de momento los ha tenido entretenidos un año y pico”.
En materia de innovación en gestión sanitaria, Cataluña se quedó estancada tras la comisión parlamentaria sobre corrupción en su sanidad que, a pesar de sus edulcoradas conclusiones (2013), puso sobre la mesa lo que había dado de sí la autonomía de gobierno y de gestión de los consorcios sanitarios, de lo cual un ejemplo sonado fue el de Reus, Tarragona, un caso que aún no se ha resuelto en los tribunales. A partir de ese momento, el Govern de Mas (CiU) amplió su control sobre esas entidades e hizo que, en caso de que llegasen a dos años de desviación presupuestaria, perdieran la autonomía.
La reclamada actualización (incluso propuesta en programas electorales) de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LLOSC, por sus siglas en catalán), de 1990, sigue a la espera, y lo mismo la revisión de los recursos disponibles en todo el territorio (planificación). Escarp, preguntada por estas cuestiones, cree que algunas de las reformas pendientes vendrán por la vía del proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, ya conocido como Ley Aragonés (por el actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés), y de otro proyecto de ley de formas de gestión y provisión del sistema sanitario catalán, del que no tiene información.
Para cerrar el círculo de la actual situación de la sanidad catalana, Escarp destaca que hoy todos los cargos del Departamento de Salud están ocupados por personas “de ERC con perfiles no especializados pero muy fieles”, y que “hay muchos planes, de urgencias, de primaria…, pero no sabemos si los están aplicando o no porque cuando pedimos la comparecencia de la consejera para ver cómo van los grupos de gobierno (Junts per Catalunya y ERC) votan en contra”, apunta.
Resumiendo mucho el panorama, Escarp declara que “lo único que les importa (al Govern)es la autodeterminación, lo del referéndum del 1 de octubre de 2017, la sentencia del procés (…), y ya han perdido valor todas las políticas sectoriales. Ya lo dijo Torra cuando llegó a la Generalitat: No seré el presidente de una autonomía; y es cierto, no está haciendo nada”. Por no hacer, ni se actualizan los presupuestos desde 2017.
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